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martes, agosto 13, 2013

Sobre el nuevo proyecto de Ley de Ordenacion del Territorio

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Edgard Yerena
Fecha: 12 de agosto de 2013 23:08
Asunto: Sobre el nuevo proyecto de Ley de Ordenacion del Territorio
Para: 

Envío consideraciones del Dr. Alexander Luzardo quien las acaba de poner a circular:

Ecocidio   corrupción y  reparto del territorio: a propósito del nuevo proyecto de ley de ordenación
del territorio que acaba de anunciar la Asamblea Nacional.

Por Alexander Luzardo Nava *

 

12 de Agosto de 2013.

 

Han habido dos intentos previos:  un proyecto denominado "ordenación del territorio y urbanística"  del año
2000 o 2001  que solo se aprobó en primera discusión,  y que luego de observaciones  que realicé ante la directiva de la Asamblea  se decidió paralizarla; posteriormente otro proyecto denominado "planificación y gestión de la ordenación del territorio",  el cual fue sancionado por la Asamblea  y publicada en gaceta oficial.

 

Ya desde el año 2005  hice criticas publicas a esos textos,  una de ellas en el vespertino El Mundo  y también en El Universal. Luego se me consulto en la "sala situacional" de Miraflores en dos oportunidades y recomendé colocarle una vacatio legis  para su posterior derogación y  que en consecuencia debería quedar en vigencia la ley actual de 1983.


Efectivamente fue el Ejecutivo Nacional  con el apoyo del Ministerio del Ambiente,  con la critica publica y privada,  la que logro dejar sin efecto esa ley,  iniciativa de los mismos que promueven este nuevo intento en el cual  se  repiten errores anteriores en cuanto a las normas sancionatorias, que ya se encuentran establecidas en la Ley Penal del Ambiente, y que no corresponden a una ley de ordenación territorial.

Derogar la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, como pretende este proyecto, en los términos planteados, parece temerario; puede ser peor el remedio que la enfermedad. Creo que una reforma de esta ley requiere de mas trabajo en el área urbanística.

La creación de figuras rechazadas en la reforma constitucional de 2007 parece ser unos de los objetivos de este proyecto, así como facilitar megaproyectos petroleros, mineros,  hiperturisticos y en particular concesiones tal como
se desprende del articulo 155 (ver **).


Desde 1998 el entonces candidato Hugo Chávez se refería a la ordenación del territorio confundiéndola con división político territorial, confusión que mantuvo en las leyes habilitantes y en su ultimo proyecto constitucional, así como en leyes como la de las llamadas "zonas especiales  de desarrollo",   "saraos",  entre otras.


Abrazó en esa época  Chávez  el viejo proyecto Eje Orinoco-Apure  del Ministerio del Ambiente, sin comprenderlo. Luego termino impulsando el viejo proyecto de algunos arquitectos de una "Caracas dentro de Caracas", como Ciudad Tiuna y Ciudad Caribia  entre otras erráticas iniciativas, algunas promovidas también por funcionarios de la Alcaldía de Chacao, que  las criticamos en su momento, referidas a las propuestas de construir viviendas en La Carlota y Fuerte Tiuna,  este último ya asumido por el Ejecutivo.

El proyecto actual de "ordenación y gestión de ordenación del territorio" es un texto muy extenso,  repetitivo, inmanejable hasta para el propio Estado. Mantiene muchas  de las definiciones de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, asume en términos  generales  el marco establecido del articulo 128 constitucional  sobre la ordenación del territorio, pero comete un error o una omisión al no dejar suficientemente claro que de acuerdo con la Constitución de 1999  la ordenación del territorio  forma parte y se inscribe dentro de los derechos y deberes ambientales, y no al revés.

 

Igualmente se requiere cumplir con los tres requisitos indispensables previos a la toma de decisiones,  como lo son: información,  consulta y participación. De acuerdo a  una primera lectura  general, sin particularizar en los detalles de ciertos artículos,  es evidente que por un  lado tenemos el interés de representantes de empresas extranjeras, y por el otro de  funcionarios del Estado deseosos de grandes inversiones, proyectos petroleros, mineros y urbanísticos, que generan graves impactos ambientales y socioculturales, para los cuales la Constitución ha resultado en obstáculo. Incluso en la vieja, noble y actual Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio existen objetivos del desarrollismo, los cuales se verían ahora mucho más favorecidos y que tienen que ver con proyecto mineros en Amazonas, con empresas chinas,  rusas, canadienses  y de otras nacionalidades,   intervención en parques nacionales y otras áreas ecológicamente frágiles  como el Ávila-Wuaraira Repano,  Mochima,  Sierra de Perija y las islas del caribe, así como en las reservas forestales de Imataca y Caura. La joya de la corona  es la Faja del Orinoco con sus severos impactos sobre los ecosistemas llaneros del oriente del país y el Río Orinoco: corremos el peligro de repetir la historia del Lago de Maracaibo  en el Río Orinoco.


Ciertos ministros parecen haber llegado tarde al reparto de la torta de la renta petrolera y buscan urgentemente abrir caminos a través de megaproyectos hoteleros,  minería, carbón, túneles y otras infraestructuras donde se manejen grandes comisiones. El reparto del territorio-espacio geográfico y la destrucción de los templos ambientales, el ecocidio y la corrupción,  van de la mano, como se demostró en el caso del tendido eléctrico hacia Brasil.

En cuanto a los parlamentarios y asesores detrás de este proyecto de ley: tienen poca capacidad de comprensión y decisión en esta u otra materia. Por lo menos en las comisiones algunos o algunas solo buscan cumplir o mantener su trabajo, y otros  tener algún cuarto de hora de fama aunque sea vendiendo su alma al  diablo, o a un proyecto insustentable.

Se impone una mayor y eficiente actividad por  parte de las organizaciones ambientales, sociales y culturales,  investigadores, profesores  periodistas,  consejos comunales,  en defensa del patrimonio transgeneracional.

* Dr. Alexander Luzardo Nava -Autor principal de las disposiciones ambientales de la Constitución venezolana de 1999. Profesor Titular de la UCV. Doctor en Derecho Político (Facultad de Derecho,  UNED,   Madrid). Ex Presidente de la Comisión de Ambiente y Ordenación Territorial del Senado.

** Artículo 155. Proyectos de importancia nacional

Se consideran proyectos de importancia nacional, además de los considerados como tales por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, como suprema autoridad de la ordenación del territorio, y la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, los que se indican a continuación.

1.     Localización y traslado de parques industriales.

2.     Afectación de zonas para la reforma agraria.

3.     Localización de grandes aprovechamientos de recursos naturales.

4.     Localización de nuevos centros poblados.

5.     Que signifiquen la desaparición de centros poblados y el traslado de la población ocupante de dichas regiones.

6.     Trazado de los grandes corredores de vías de comunicación.

7.     Localización de puertos y aeropuertos.

8.     Proyectos que comprometan más del uno por ciento (1%) de cualquiera de los recursos naturales siguientes:

Suelos agrícolas de primera categoría de preservación.

Agua, sobre la margen izquierda del Orinoco.

Bosques sobre la margen izquierda del Orinoco.

9.     Que afecten los servicios públicos de las ciudades intermedias propuestas por el Plan Nacional de Ordenación del Territorio.

10.   Los de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales sujetos al régimen de concesiones.

11.   Los concernientes a la industria básica nacional: hidrocarburos, petroquímica, hierro, aluminio y química pesada.

12.   Los de saneamiento ambiental de cuencas y grandes cuerpos de aguas continentales y marítimas.

13.   La localización de sitios de tratamiento y disposición final de desechos y residuos peligrosos.

14.   Localización de infraestructura para la enseñanza superior, penitenciarias, hospitalarias excepcionales así como las sedes de los órganos del Poder Público Nacional.


--

Cristina Vaamonde Leáñez

Directora fundadora | AC Una Montaña de Gente UMDG

Miembro del Comité de Áreas Naturales Protegidas | Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales SVCN
Promotora del Sistema de Parques Nacionales de Venezuela

Directora fundadora del Observatorio Ambiental Venezolano OAV
Presidenta de la Federación Ambientalista Internacional | Sede Caracas - Vzla
Consejera Editorial de Ciencia y Ambiente | EL NACIONAL

Asesora de la Dirección de Cambio Climático de la Cruz Roja Venezolana

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