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sábado, diciembre 10, 2016

#DíaMundialdelosDerechosHumanos: #DerechosHumanos y #CambioClimático


---------- Mensaje reenviado ----------
De: Alejandro Álvarez Iragorry
Fecha: 10 de diciembre de 2016, 9:51
Asunto: Día Mundial de los Derechos Humanos: Derechos Humanos y Cambio Climático
Para:


Estimadxs amigxs y compañexs,

Hoy 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Para conmemorar esta fecha a lo largo de esta semana hemos estado compartiendo varios artículos relacionados con derechos humanos y temas ambientales.

En el día de hoy comparto con ustedes un excelente artículo de John H. Knox, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente y profesor de Wake Forest University (Estados Unidos).

El artículo analiza el cambio climático desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que permite comprender las relaciones entre los distintos actores, tantos los titulares o poseedores de derechos (los ciudadanos) y los titulares de obligaciones (principalmente el Estado)

En el caso de Venezuela, este enfoque nos permite comprender que la ausencia de acciones efectivas en materia de adaptación al cambio climático, no es solamente un tema de ineficiencia o de prioridades, sino directamente una violación a los derechos humanos de la población del país. Adicionalmente este enfoque nos plantea un mapa de ruta para la acción ciudadana en este tema.

Este artículo está disponible en la página Web del Observatorio Social de "La Caixa". Para ir a esta página marquen aquí 

Aunque transcribí el artículo completo en este blog, les recomiendo ir a la fuente original para tener acceso a los gráficos y otros enlaces de interés.


Cambio climático y derechos humanos


John H. Knox, profesor "Henry C. Lauerman" de Derecho Internacional de la Universidad Wake Forest (Estados Unidos) y relator especial de las Naciones Unidas sobre temas de derechos humanos y medio ambiente


El cambio climático pone en peligro el disfrute de un amplio abanico de derechos humanos. A la inversa, para poder combatirlo eficazmente es necesario ejercer esos derechos, entre ellos los derechos a la información y la participación.

En mi condición de primer relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, doy cuenta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, principal órgano de la ONU a ese respecto, sobre la aplicación de las obligaciones relativas a los derechos humanos al afrontar los problemas medioambientales. Mi último informe, presentado al Consejo en marzo de este año, describe cómo influye el cambio climático en el disfrute de los derechos humanos y las obligaciones que tienen los Estados de afrontar ese cambio (Knox, 2016). El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, supuso un paso importante, pero aún queda mucho por hacer. Los Estados deben aplicar sus compromisos y actuar con rapidez para afianzarlos. Al mismo tiempo, deben asegurarse de que sus medidas contra el cambio climático no ocasionen violaciones de derechos humanos.

En resumen, este artículo describe: (1) de qué maneras amenaza el cambio climático el disfrute de los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y la salud; (2) las obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con el cambio climático, y (3) hasta qué punto el Acuerdo de París responde a esas obligaciones.

1. Repercusiones del cambio climático sobre el disfrute de los derechos humanos

Mary Robinson, anteriormente presidenta de Irlanda y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en la actualidad (agosto de 2016) Enviada especial del Secretario General para el Cambio Climático, ha dicho de este que constituye la principal amenaza para los derechos humanos en el siglo XXI. El cambio climático pone en peligro el disfrute pleno del derecho a la vida, la salud, el agua, el alimento, la vivienda, el desarrollo y la autodeterminación.

Con la subida de la temperatura global, aumenta el número de muertos, heridos y desplazados que ocasionan desastres climáticos como los ciclones tropicales, y también la mortalidad y las enfermedades producidas por olas de calor, sequías, epidemias y desnutrición. Las consecuencias predecibles de un ascenso de incluso 2 ºC en la temperatura media global serán espectaculares. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés), entre ellas figurará una mayor probabilidad de que «se reduzca la productividad laboral, [aumenten] la morbilidad (por ejemplo, por deshidratación, insolación y golpe de calor) y la mortalidad durante olas de calor. Estarán especialmente en peligro los obreros agrícolas y de la construcción, así como los niños, los indigentes, los ancianos y las mujeres que tienen que caminar durante horas y horas para buscar agua» (IPCC 2014, p. 811).

El cambio climático agravará el problema del acceso al agua potable segura, del que actualmente carecen unos 1.100 millones de personas. Se calcula que alrededor del 8% de la población mundial verá gravemente reducidos sus recursos hídricos si la temperatura mundial sube una media de 1 ºC y que ese porcentaje llegaría al 14% si el aumento es de 2 ºC (IPCC 2014, p. 250). En términos más generales, se pronostica que la reducción de las precipitaciones y las capas de nieve, y el incremento de la evaporación y la contaminación de las fuentes de agua dulce por el aumento del nivel del mar reducirán la disponibilidad de agua en la mayoría de las regiones subtropicales secas y harán más frecuentes las sequías en muchas zonas ya de por sí secas (UNEP 2015a, p. 3).

El cambio climático pone en peligro el pleno disfrute del derecho a la vida, la salud, el agua, el alimento, la vivienda, el desarrollo y la autodeterminación.
Respecto al derecho a la alimentación, el cambio climático ya está perjudicando a la capacidad de algunas comunidades para alimentarse y el número de afectados aumentará al subir las temperaturas.
Según el IPCC, «todos los aspectos de la seguridad alimentaria se ven potencialmente afectados por el cambio climático, entre ellos el acceso a los alimentos, así como su consumo y la estabilidad de sus precios» (IPCC 2014, p. 488). Es muy probable que el cambio climático influya negativamente en la producción de cultivos importantes como el trigo, el arroz y el maíz, tanto en las regiones tropicales como en las templadas (UNEP 2015a, p. 5).

Los peores efectos del cambio climático los aprecian quienes ya de por sí son vulnerables a causa de factores como la geografía, la pobreza, el género, la edad, el carácter indígena o minoritario, el origen nacional o social y la discapacidad. En palabras del IPCC, «Los marginados por razones sociales, económicas, culturales, políticas, institucionales o de otra índole son especialmente vulnerables al cambio climático y también a ciertas medidas de adaptación y mitigación del mismo» (IPCC 2014, p. 6). El Grupo señala que «las consecuencias futuras del cambio climático, que van desde el corto al largo plazo, y esperando mayormente una subida de 2 ºC, ralentizarán el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, deteriorarán aún más la seguridad alimentaria y pondrán nuevas trampas a la pobreza, sobre todo en las zonas urbanas y los nuevos puntos candentes del hambre» (IPCC 2014, p. 796). El cambio climático también contribuirá a la migración forzosa. Sin embargo, quizá los más vulnerables no puedan emigrar y permanezcan en lugares sometidos a los rigores producidos por ese cambio.
El cambio climático pone en peligro la propia existencia de ciertos pequeños Estados insulares. El calentamiento global extiende las aguas oceánicas y derrite los hielos continentales, subiendo el nivel del mar. Mucho antes de que las islas queden anegadas, puede que el cambio climático las vuelva inhabitables al incrementar la frecuencia y la virulencia de los episodios tormentosos o al provocar la invasión de las fuentes de agua dulce por el agua marina. Si los habitantes de los pequeños Estados insulares se ven obligados a evacuarlos y buscarse otra residencia, las consecuencias para sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la autodeterminación y el desarrollo, serán devastadoras.
El cambio climático también pone en peligro otras formas de vida con las que compartimos el planeta. De su progresivo calentamiento se derivarán consecuencias cada vez más desastrosas. Según un estudio, si las temperaturas del mundo llegaran a subir más de 2 ºC, llegando a 3 ºC, entre el 20% y el 30% de las especies vegetales y animales evaluadas podrían sufrir un elevado riesgo de extinción (IPCC 2014, p. 1053). Si otras especies quedaran diezmadas los seres humanos también se verían perjudicados. Respecto al derecho a la salud, por ejemplo, el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático señala que la pérdida de diversidad biológica «puede incrementar la trasmisión de enfermedades infecciosas como la de Lyme, la esquistosomiasis y el hantavirus a los seres humanos». (IPCC 2014, p. 1054)

Al quedar más claras las consecuencias del cambio climático sobre los seres humanos ha ido aumentando la atención que organismos nacionales e internacionales prestan a la relación entre esa transformación y los derechos humanos. Un importante hito fue la Declaración de Malé sobre la Dimensión Humana del Cambio Climático Global, firmada en noviembre de 2007 por representantes de pequeños Estados insulares en desarrollo. Por primera vez, los Estados reconocían abiertamente que el cambio climático tiene «repercusiones claras e inmediatas para el disfrute pleno de los derechos humanos», entre ellos el derecho a la vida, a un nivel de vida satisfactorio y al mayor nivel sanitario que se pueda alcanzar.

Desde entonces, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha acordado que el cambio climático supone una amenaza inmediata y trascendental para personas y comunidades de todo el mundo, que influirá en el disfrute pleno de los derechos humanos y que «las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos pueden guiar y reforzar la formulación de políticas internacionales y nacionales en la esfera del cambio climático y fomentar su coherencia y legitimidad y resultados sostenibles».

Organismos de defensa de los derechos humanos y medioambientales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH/OHCHR), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/UNEP) y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) han publicado informes que describen las amenazas que conlleva el cambio climático para el disfrute de un amplio abanico de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, la salud, el alimento, el agua, una vivienda adecuada y la autodeterminación (por ejemplo, OHCHR 2009; UNEPa, 2015; UNICEF 2015). El 5 de junio de 2015, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas hicieron pública una declaración conjunta describiendo los devastadores efectos que para los derechos humanos tendría hasta una subida de la temperatura global de 2 ºC. Antes de que la Conferencia de las Partes volviera a reunirse en París en diciembre de 2015, dentro de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC/UNFCCC), 30 Gobiernos suscribieron el Compromiso de Ginebra para los Derechos Humanos en la Acción Climática, un gesto voluntario promovido por Costa Rica, mediante el cual los Estados prometen facilitar el intercambio de los conocimientos y las mejores prácticas entre expertos nacionales en clima y derechos humanos.

La creciente atención que suscitan el cambio climático y los derechos humanos culminó en las conversaciones de París, cuyo Acuerdo es el primero de índole climática y uno de los primeros de su especie en reconocer abiertamente la relevancia de los derechos humanos.

Así dice su preámbulo:

"las Partes, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, deberían respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones con respecto a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional."

Por otra parte, el reconocimiento creciente de los efectos desastrosos del cambio climático sobre los derechos humanos contribuyó a respaldar la decisión tomada por las partes que, en el artículo 2, afirman que el Acuerdo «tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático… y para ello mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático». (UNFCCC 2015).

2. Obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con el cambio climático

De los previsibles efectos adversos que tendrá el cambio climático sobre el disfrute de los derechos humanos emana el deber que tienen los Estados de tomar medidas para protegerlos de dichos efectos. Las obligaciones en materia de derechos humanos no solo tienen que ver con el grado de protección climática que ha de adoptarse, sino con las medidas de mitigación y adaptación en las que se basa esa protección.

Las obligaciones en materia de derechos humanos que hay que cumplir al proteger el medio ambiente pueden ser procedimentales y substantivas. Además, los Estados tienen todavía más obligaciones con aquellos que son especialmente vulnerables a los perjuicios de carácter medioambiental. Entre las obligaciones procedimentales figuran el deber de: (a) evaluar las repercusiones medioambientales y hacer pública la información al respecto; (b) facilitar la participación de la población en la toma de decisiones medioambientales, protegiendo también los derechos a la libertad de expresión y asociación, y (c) proporcionar acceso a reparaciones en caso de sufrir daños. Esas obligaciones también están avaladas por instrumentos medioambientales internacionales como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación y la reparación contribuye a garantizar que las acciones propuestas protejan el medio ambiente del que todos los derechos humanos dependen.

Así, por ejemplo, y siempre que sea posible, los Estados deberían evaluar las repercusiones medioambientales de las principales actividades realizadas dentro de su jurisdicción. Esas evaluaciones son una forma importante de aclarar las repercusiones, principalmente sobre comunidades vulnerables. Los Estados también deben poner a disposición del público la información relativa al cambio climático y posibilitar su participación en el desarrollo de las políticas medioambientales. Para ser eficaz, esa participación debe contemplar una provisión de información pública que permita a los interesados entender y debatir la situación en cuestión, incluidos los posibles efectos de cada proyecto o política, y también posibilitar realmente que se escuchen las opiniones de los afectados y que influyan en la toma de decisiones. Estos principios son de especial importancia para quienes pertenecen a grupos marginados o vulnerables. Y son requisitos que no solo deben tenerse en cuenta al decidir qué grado de protección medioambiental se aplica, sino al considerar qué medidas sirven para protegerse. Las decisiones sobre proyectos de mitigación o adaptación deben tomarse con la participación informada de los afectados.

Para permitir la participación informada del público, hay que salvaguardar los derechos a la libertad de expresión y asociación de los relacionados con acciones en pro del medioambiente, incluidos quienes se oponen a proyectos concebidos para mitigar el cambio climático o adaptarse a él. Intentar reprimir a quienes, de manera individual o colectiva, expresan sus ideas sobre políticas o proyectos relacionados con el medio ambiente constituye una violación de sus derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de no inmiscuirse en el ejercicio de los derechos y también de proteger de amenazas, acoso y toda clase de violencia a quienes los ejercen.

En el entorno internacional, los Estados deben garantizar que los proyectos medioambientales sufragados por mecanismos de financiamiento climático respeten y protejan los derechos humanos, incluyendo los derechos a la información, la participación y la libertad de expresión y asociación. En la actualidad, esos mecanismos presentan diversos niveles de protección. Algunos, como el Fondo de Adaptación, ofrecen garantías que se suelen considerar satisfactorias, en tanto que otros, como el Mecanismo para el Desarrollo Limpio, se han criticado por no contemplar las oportunas consultas con los interesados, con lo que, a través de desplazamientos y la destrucción de medios de vida, incurren en violaciones de derechos humanos. Después de París, hay que fortalecer y uniformizar, de manera general, las garantías.

La obligación fundamental que tienen todos los Estados de proteger, dentro de su jurisdicción, a quienes pueden verse negativamente afectados por el cambio climático está relativamente clara en lo tocante a las medidas de adaptación. Los Estados deben dotarse de un marco legal que ayude a sus administrados a adaptarse a los efectos inevitables del cambio climático. Aunque, teniendo en cuenta su situación económica y otras prioridades nacionales, los Estados gozan de cierta discrecionalidad para decidir qué medidas han de adoptar, deben asegurarse de que estas emanen de un proceso que contemple la participación informada de la población, que tengan en cuenta las normas nacionales y extranjeras, y que no sean ni regresivas ni discriminatorias. Finalmente, una vez aprobadas las medidas, los Estados deben asegurarse de que se apliquen.

Más complicada es la situación respecto a la mitigación. La mayoría de los países no emiten gases de efecto invernadero en cantidades que ocasionen, por sí solas, consecuencias apreciables para su propio pueblo o para los residentes en terceros países. En consecuencia, para evitar los efectos del cambio climático, no basta con que los Estados reduzcan sus propias emisiones. Además, aunque puede que las emisiones de los países más grandes sí influyan de manera apreciable en las repercusiones que tiene el cambio climático sobre sus propios habitantes, mientras las emisiones de los demás Estados sigan aumentando, ninguno podrá evitar, por sí solo, que esos efectos sigan produciéndose. Esto no significa que, en virtud de la legislación sobre derechos humanos, los Estados no tienen la obligación de mitigar sus propias emisiones, pero sí da a entender que, para comprender la naturaleza de esa obligación, es necesario ponderar el papel de la cooperación internacional.

En su Artículo 55, la Carta de las Naciones Unidas exige a esta organización que promueva «el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos», en tanto que en el Artículo 56 afirma que «Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55». De igual manera, el Artículo 2(1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige a las partes que adopten medidas, no solo por separado, sino «mediante la asistencia y la cooperación internacionales», para lograr progresivamente el respeto a los derechos reconocidos en el Pacto.

En lo tocante a las múltiples amenazas que sufren los derechos humanos, la cooperación internacional solo juega un papel de apoyo. Los perjuicios medioambientales cuyas causas y repercusiones atañen a la jurisdicción de un Estado puede y debe afrontarlos principalmente ese Estado. Pero el cambio climático es el ejemplo paradigmático de una amenaza global que es imposible afrontar eficazmente sin una acción internacional coordinada. Los propios Estados han reconocido en la CMNUCC que «la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada». (UN 1992)

El deber de la cooperación internacional no consiste en exigir a todos los Estados que tomen exactamente las mismas medidas ante el cambio climático. La redacción del CMNUCC aboga por la cooperación entre los Estados, pero inmediatamente añade que hay que "tener en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes situaciones sociales y económicas». Los Estados tienen el deber de colaborar unos con otros para afrontar el cambio climático, pero las necesarias y pertinentes responsabilidades de cada uno emanarán en parte de su propia situación.


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​De antemano muchísimas gracias por sus comentarios y su divulgación.


Alejandro




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Dr. Alejandro Álvarez Iragorry
Consultor en Procesos Socioambientales y Desarrollo Sostenible
e-mail: alvareziragorry@gmail.com
Blogs: Foro Tuqueque: http://forotuqueque.blogspot.com NotiAmbienteVE: http://notiambienteve.blogspot.com/
En Twitter: @aalvarezi
En Skype: alejandro.alvarez.iragorry
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Ciudadana Cristina Vaamonde Leáñez

Directora fundadora | AC Una Montaña de Gente UMDG

Miembro del Comité Mundial de Áreas Naturales Protegidas de la UICN | Capítulo Venezuela
Miembro de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales SVCN
Promotora del Sistema de Parques Nacionales de Venezuela

Directora fundadora del Observatorio Ambiental Venezolano OAV
Presidenta de la Federación Ambientalista Internacional | Sede Caracas - Vzla
Consejera Editorial de Ciencia y Ambiente | EL NACIONAL

Colaboradora de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgos de la Cruz Roja Venezolana
Miembro fundador del Movimiento Ciudadano Pro Defensa de las Áreas Naturales MCPRODAN

Miembro de la Secretaría Académica de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales SACC | ACFIMAN Período 2015-2016

Vocera de Madres, Padres y Representantes del 5°H | UEN El Libertador

Defensora Activa del Foro Penal Venezolano FPV

Miembro del Movimiento Social por la Democracia

unamontañadegente
+58 412 5574268 | 212 271 8320

#Saneamiento: un imperativo​ de #DerechosHumanos


---------- Mensaje reenviado ----------
De: Alejandro Álvarez Iragorry
Fecha: 9 de diciembre de 2016, 9:39
Asunto: Saneamiento: un imperativo​ de derechos humanos
Para:


El próximo día 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Para conmemorar esa fecha a lo largo de esta semana estaremos enviando varios artículos relacionados con derechos humanos y temas ambientales.

En el día de hoy comparto un excelente documento titulado "Saneamiento: un imperativo​ de derechos humanos" publicado en el 2008 por las organizaciones Cohre, Water Aid y UN-Habitat.

El mismo discute la importancia del saneamiento desde un enfoque de derechos, considerando al saneamiento como el acceso a, y el uso de, instalaciones y servicios para excretas humanas y aguas residuales con privacidad y dignidad, asegurando un ambiente limpio y sano para todos. 

Este derecho está siendo vulnerado de manera muy importante este momento en Venezuela, ya que no sólo tenemos acceso restringido al agua potable, sino que el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas en muchas comunidades e instalaciones hospitalarias, educativas y penales, así como la disposición y tratamiento de aguas residuales es prácticamente nulo. Por ello, la población está siendo afectada de manera grave por la contaminación de las aguas, lo que genera deterioro de su salud, así como de los ecosistemas y recursos necesarios para su supervivencia y desarrollo humano.

El enlace les lleva directa a una página de descarga del documento en pdf. No dejen de hacerlo el texto realmente vale la pena revisarlo en su totalidad y divulgarlo entre todos los interesados. 


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Saneamiento: un imperativo
​ 
de derechos humanos


"El agua potable y el saneamiento no se refieren únicamente a la higiene y a las enfermedades, sino
​ 
que también involucran a la dignidad. (…) ello significa que TODAS las personas en el mundo
​ 
tenemos derecho a una vida saludable y digna. En otras palabras: todos tenemos derecho al
​ 
saneamiento". 
Príncipe Guillermo de Orange, Presidente de la Junta Consultiva sobre Agua y
​ 
Saneamiento del Secretario General de las
​N​
aciones Unidas.


La centralidad del saneamiento
​ 
para el desarrollo

2,5 billones de personas carecen de acceso al saneamiento
​ 
básico. Se debe destacar que la meta de los Objetivos de
​ 
Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el porcentaje de
​ 
personas que carecen de acceso al saneamiento para el año
​ 
2015 es una de las metas que más lejos está de ser alcanzada.

El impacto de la falta de saneamiento en la salud, la educación
​ 
y el crecimiento económico es profundo. Cada día, por lo
​ 
menos cinco mil niños menores de cinco años fallecen a causa
​ 
de diarrea, una enfermedad directamente relacionada con la
​ 
falta de saneamiento. La falta de saneamiento adecuado en las
​ 
escuelas es un obstáculo crítico para la asistencia escolar,
​ 
especialmente para las niñas. Los gastos en que incurren tanto
​ 
individuos como el gobierno para subsanar la falta de salud y
​ 
de educación es, por lo menos, nueve veces mayor que el
costo de solucionar el problema del saneamiento.

¿Qué significa "saneamiento" en términos de
​ 
derechos humanos?

Saneamiento es el acceso a, y el uso de, instalaciones y servicios para excretas humanas y aguas
​ 
residuales con privacidad y dignidad, asegurando un ambiente limpio y sano para todos.

'Instalaciones y servicios' deben incluir la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición de las
​ ​e
xcretas humanas, aguas residuales domésticas y residuos sólidos, en conjunto con la promoción de la higiene.

En concreto, en materia de derechos humanos, el saneamiento debe cumplir con los siguientes requisitos:
​ 
  • Seguridad: El saneamiento debe prevenir efectivamente que los seres humanos, los animales y los
    ​ 
    insectos entren en contacto con las excretas. Los sanitarios (e incluso las letrinas) deben proporcionar
    ​ 
    privacidad y un ambiente seguro y digno a todos los usuarios. Debe haber agua disponible para higiene
    ​ 
    personal así como instalaciones que realicen la eliminación segura de aguas residuales.
  • Accesibilidad Física: Los sanitarios deben estar adentro o en la cercanía inmediata de todo hogar,
    ​ 
    institución educativa o lugar de trabajo y disponibles para ser utilizados a toda hora del día o la noche.
    ​ 
    Además, deben contar con los servicios relacionados, tales como la remoción de las aguas residuales,
    ​ 
    sistemas de cloacas o el desagote de letrinas. Es menester que existan instalaciones apropiadas y
    ​ 
    disponibles para niños, discapacitados y personas mayores. Con el fin de prevenir enfermedades, los
    ​ 
    sanitarios deben estar disponibles y ser utilizados por todas las personas que se encuentren en el lugar.
  • Asequibilidad: El acceso al saneamiento, incluso su mantenimiento, debe ser económicamente accesible.
    ​ 
    No debe afectar la capacidad de los individuos o de los hogares de adquirir otros bienes y servicios
    ​ 
    esenciales, tale como la alimentación, la educación y la salud.
  • Adecuación cultural: La construcción y el diseño de las letrinas deben ser culturalmente apropiados. En
    ​ 
    general, será necesario construir sanitarios diferentes para damas y para caballeros -especialmente
    ​ 
    cuando se trate de escuelas- para asegurar la privacidad, dignidad y seguridad de los usuarios.

¿Cómo los derechos
​ 
humanos ayudan a enfrentar
​ 
la crisis del saneamiento?

Considerar que el saneamiento es un derecho humano
​ 
modifica el enfoque de las soluciones técnicas para
​ 
asegurar que el marco político y legislativo otorgue
​ 
acceso al saneamiento.

Reconocer el saneamiento como un derecho humano:

  • Demuestra que el saneamiento es un derecho de
    ​ 
    aplicación inmediata,
    no caridad. La sociedad civil
    ​ 
    puede plantear el asunto como un derecho para
    ​ 
    así aumentar el perfil político de la importancia del
    ​ 
    acceso a los servicios de saneamiento.
  • Requiere un alto grado de responsabilidad por
    ​ 
    parte de todos aquellos que están a cargo de
    ​ 
    asegurar que el saneamiento esté al alcance de
    ​ 
    todos. Tanto individuos como grupos pueden
    ​ 
    demandar la implementación del derecho al
    ​ 
    saneamiento a través de actividades de incidencia
    ​. 
    sobre sus gobiernos, así como buscar compensación
    ​ 
    en las comisiones nacionales de derechos humanos y
    ​ 
    los tribunales o a través de organismos
    ​ 
    internacionales de derechos humanos.
    ​ 

  • Requiere diseminación de información y
    ​ 
    participación auténtica
    en la tomada de decisiones.A pesar de que en la actualidad la participación es
    ​ 
    vista como una mejor práctica para el desarrollo,
    ​ 
    siguen prevaleciendo los procesos centralizados de
    ​ 
    planeamiento, los cuales puede desatender las
    ​ 
    necesidades de varios usuarios.
  • Hace foco sobre los grupos más vulnerables y
    ​ 
    marginados
    ; grupos que históricamente han sido
    ​ 
    discriminados y olvidados, tales como las personas
    ​ 
    que viven en asentamientos informales.
  • Define requisitos mínimos para el saneamiento.
  • Brinda un marco y normas generales para el
    ​ 
    desarrollo y reforma de políticas y planes públicos,
    ​ 
    para dar prioridad a los recursos y para
    ​ 
    monitorear la implementación.

Cuáles son las obligaciones de los gobiernos para
​ 
implementar este derecho?

Los gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho al saneamiento y para ello deben hacer
​ 
uso de todos los recursos disponibles de manera a realizar progresivamente el derecho.

Respeto: Los gobiernos no deben impedir que la gente tenga acceso al saneamiento: por ejemplo, no deben interferir
​ 
arbitrariamente en las costumbres o tradiciones relativas al saneamiento, sin proporcionar una alternativa aceptable.
Protección: Los gobiernos tienen la obligación de prevenir que tanto individuos como grupos limiten a otros el
​ 
acceso al saneamiento seguro, por ejemplo, al cobrar una suma excesiva para el uso de los sanitarios.
​ 
Cumplimiento: Los gobiernos deben facilitar el acceso al saneamiento asegurando que existan normas y
​ 
reglamentaciones para asistir a los individuos en la construcción y el mantenimiento de los sanitarios. Los gobiernos
​ 
deben promover el derecho a través de publicidad y educación respecto a la higiene. Cuando los individuos o grupos
​ 
se vean imposibilitados de proveer servicios de saneamiento para sí mismos, los gobiernos deben garantizar la
​ 
asistencia necesaria, incluyendo información, entrenamiento y el acceso a la tierra.

Las principales acciones adoptadas por los gobiernos deben ser:
  • Rev
    ​isar
     leyes, políticas, estrategias y finanzas con el fin de asegurar que se está brindando suficiente prioridad al
    ​ 
    tema del saneamiento, que se lo trate como un derecho y que la legislación vigente es apropiada.
  • Asegurar que los grupos marginales y vulnerables tengan acceso a los servicios de saneamiento.
  • Asegurar que se estén aplicando las técnicas más apropiadas de recolección, transporte, tratamiento,
    ​ 
    disposición y reciclado de la excreta.
  • Poner a disponibilidad tierras para los elementos esenciales que aseguran el saneamiento, tales como baños
    ​ 
    públicos y plantas locales de tratamiento.
  • Asegurar, en forma urgente, que todas las personas tengan acceso a educación sobre la higiene adaptada a
    ​ 
    sus necesidades.
  • En cuanto a los países de mayor riqueza, proveer asistencia financiera y técnica, con prioridad en el
    ​ 
    saneamiento para los más pobres.

Los usuarios tienen una responsabilidad fundamental a la hora de asegurar el derecho al saneamiento, incluso por medio
​ 
de la utilización de las instalaciones sanitarias disponibles. El derecho al saneamiento no exige que los gobiernos:
  • Proporcionen sistemas cloacales o de
    ​drenaje
     de letrinas gratuitos para toda la población: los individuos y
    ​ 
    hogares deben colaborar con los costos del servicio.
  • Construyan sanitarios de uso doméstico. Los gobiernos deben asegurarse de que existan normas apropiadas,
    ​ 
    un ambiente favorable y el apoyo necesario a los hogares, propietarios, operadores de instituciones públicas
    ​ 
    y empresarios para que se construyan sanitarios adecuados a las necesidades y preferencias de los usuarios.
  • Proporcionen servicios cloacales para toda la población. En determinados ambientes, patrones diferentes,
    ​ 
    tales como sanitarios con fosas sépticas, letrinas de pozo o saneamiento ecológico, pueden ser considerados
    ​ 
    adecuados.


​Para acceder al resto del documento marque aquí​ (abrirá una ventana para descargar el documento en pdf)



Se sugiere que este  documento se citado como:

COHRE, WaterAid, COSUDE y UN-HABITAT, Saneamiento:Un imperativo de derechos humanos. (Ginebra 2008)

M​ás infor,mación sobre derecho al agua potalbel y al saneamiento:

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Dr. Alejandro Álvarez Iragorry
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En Twitter: @aalvarezi
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Ciudadana Cristina Vaamonde Leáñez

Directora fundadora | AC Una Montaña de Gente UMDG

Miembro del Comité Mundial de Áreas Naturales Protegidas de la UICN | Capítulo Venezuela
Miembro de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales SVCN
Promotora del Sistema de Parques Nacionales de Venezuela

Directora fundadora del Observatorio Ambiental Venezolano OAV
Presidenta de la Federación Ambientalista Internacional | Sede Caracas - Vzla
Consejera Editorial de Ciencia y Ambiente | EL NACIONAL

Colaboradora de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgos de la Cruz Roja Venezolana
Miembro fundador del Movimiento Ciudadano Pro Defensa de las Áreas Naturales MCPRODAN

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martes, diciembre 06, 2016

El principio 10. Avances en materia de información, participación y justicia en materia ambiental


---------- Mensaje reenviado ----------
De: Alejandro Álvarez Iragorry
Fecha: 6 de diciembre de 2016, 13:07
Asunto: El principio 10. Avances en materia de información, participación y justicia en materia ambiental
Para:


El próximo día 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Para conmemorar esa fecha a lo largo de esta semana estaremos enviando varios artículos y textos relacionados con derechos humanos y temas ambientales.

En el día de hoy les comparto un artículo presente en la página Web de la CEPAL en relación con los avances de las negociaciones regionales relacionadas con el llamado Principio 10.

Estas negociaciones están dirigidas a lograr un acuerdo regional que facilite la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, presentes en el mencionado Principio.

Este principio indica que:"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes" (subrayado mío)

El Principio 10 forma parte de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo firmada en Río de Janeiro en 1992. Posteriormente, durante la Conferencia de Río+20 celebrada en junio del 2012, los países de la región de mérica Latina y el Caribe se comprometieron a desarrollar un acuerdo que permita la aplicación del principio 10, con enfoque regional.
 
A partir de ese momento se inició un proceso de negociación que ha llevado a la realización de una serie de rondas de negociación, cuya quinta reunión se realizó en el mes de noviembre pasado en Santiago de Chile.

Resulta claro la importancia de estas negociaciones ya que el derecho al acceso a la información y la participación ciudadana son elementos clave para lograr la sustentabilidad de los países, así como el respeto y avance en el disfrute de los derechos humanos ambientales. Pero también, en esas negociaciones podemos ver las dificultades para lograr que muchos países de la región reconozcan y operativicen este principio, lo que obligaría a los gobiernos a abrir vías de participación ciudadana y procedimientos de información transparentes y verificables. 

Por tales razones la sociedad civil de Venezuela, articulada con sus aliados en el resto de la región necesitan hacerle seguimiento a estas negociaciones y así promover y exigir el logro de un acuerdo efectivo capaz de dar respuesta a las necesidades de participación e información de toda la ciudadanía.

El artículo sobre los avances de estas negociaciones se encuentra en la página Web de la CEPAL en el enlace. http://www.cepal.org/es/comunicados/paises-avanzan-la-construccion-un-acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la


Saludos

Alejandro



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Dr. Alejandro Álvarez Iragorry
Consultor en Procesos Socioambientales y Desarrollo Sostenible
e-mail: alvareziragorry@gmail.com
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En Twitter: @aalvarezi
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Ciudadana Cristina Vaamonde Leáñez

Directora fundadora | AC Una Montaña de Gente UMDG

Miembro del Comité Mundial de Áreas Naturales Protegidas de la UICN | Capítulo Venezuela
Miembro de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales SVCN
Promotora del Sistema de Parques Nacionales de Venezuela

Directora fundadora del Observatorio Ambiental Venezolano OAV
Presidenta de la Federación Ambientalista Internacional | Sede Caracas - Vzla
Consejera Editorial de Ciencia y Ambiente | EL NACIONAL

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Estado vzlano reconoce en #CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para #ArcoMinero

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Alejandro Álvarez Iragorry
Fecha: 6 de diciembre de 2016, 7:44
Asunto: Estado vzlano reconoce en CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para Arco Minero
Para:

Estimados amigxs y compañerxs comparto esta información que puede ser de su interés.

Saludos cordiales

Alejandro

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Estado reconoce en CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para Arco Minero

 

(Prensa Provea) El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre los derechos humanos en el contexto Arco Minero del Orinoco, el Estado venezolano reconoció que ha realizado aún el estudio de impacto ambiental que ordena la Constitución.

La audiencia sobre el Arco Minero del Orinoco fue la última del grupo de 4 sesiones sobre Venezuela realizada el viernes 2 de diciembre en el Hotel Radisson Decápolis de Ciudad de Panamá. La misma fue solicitada por las ONG Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA (GTAI-ULA) y Laboratorio de Paz. Los temas que trataron los peticionarios fueron: Violación por parte del Estado venezolano a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental; violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe; el Arco Minero del Orinoco (AMO) y la demarcación de territorios indígenas; el Decreto Arco Minero del Orinoco (AMO) y los  derechos laborales; relación decreto estado de excepción y emergencia económica y Arco Minero del Orinoco (AMO); militarización de los territorios indígenas y recomendaciones.


Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y coordinador del GTAI-ULA, expresó: "En los últimos meses, el gobierno ha comenzado a realizar reuniones para informar a los pueblos indígenas sobre "los beneficios" que van a recibir con el proyecto del AMO. Una vez más, surge la demarcación como una herramienta de negociación. En reuniones con el alto gobierno algunos líderes han planteado que no habrá discusión sobre el Arco Minero hasta tanto sus territorios hayan sido demarcados y titulados". Al describir el proceso de intervención estatal de las organizaciones indígenas, Aguilar afirmó: "Se ha realizado un proceso de cooptación partidista de algunas organizaciones y comunidades indígenas provocando una aculturación, división interna y desviación de la lucha histórica indígena por sus territorios.      


Por su parte Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, describió las violaciones a los derechos laborales, libre asociación y manifestación pacífica generados por el decreto que crea el Arco Minero del Orinoco (AMO). Además detalló como el decreto de estado de excepción y emergencia económica, en vigencia desde mayo de 2016, permite que las contrataciones para el Arco Minero no deban ser autorizadas por la Asamblea Nacional. Al aludir la militarización de los territorios indígenas, Uzcátegui sostuvo: "El artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, establece que los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares". Finalmente el activista relató los casos de criminalización estatal a quienes han cuestionado el proyecto AMO.


En su intervención, los representantes del Estado venezolano, liderizados por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe, describieron las motivaciones económicas y sociales que los impulsaba a desarrollar este proyecto de extractivismo. Asimismo afirmaron que en un futuro, cuando estuviera listo, se realizaría la difusión de los estudios d impacto ambiental.


En su intervención final Provea recordó que uno de los componentes de la Consulta Previa era ser informada. Por ello, al no tener los estudios de impacto ambiental como lo ordena la Constitución, es imposible que el Estado promueva ninguna consulta con las comunidades.


Los comisionados de la CIDH rechazaron la criminalización de defensores de derechos humanos que han advertido las contradicciones del AMO. Afirmaron que continuarían monitoreando el proyecto, por ser uno de los temas de interes para la Comisión. 


Para observar el video completo de la audiencia CIDH sobre Arco Minero: https://www.youtube.com/watch?v=_9dt2rjLsCM&t=11s


Adjuntamos el informe sobre el Arco Minero entregado por Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA y Laboratorio de Paz a la CIDH.  


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:: Bitácora en www.rafaeluzcategui.wordpress.com :
Twitter: @fanzinero



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Dr. Alejandro Álvarez Iragorry
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