De: Germán José Benedetti Núñez
Fecha: 9 de febrero de 2014, 9:31
Asunto: Reflexión Ciudadana: Carta a Defensora del Pueblo, que recoge un ejemplo de la Auto destrucción de Venezuela, por negligencia de Funcionarios Públicos, últimos 15 años
Para:
Ciudadana
Gabriela del Mar Ramírez
Defensora del Pueblo
Caracas.-
Ciudadana Gabriela del Mar Ramírez Defensora del Pueblo, para los propietarios de las Urbanizaciones La Punta y Mata Redonda que suscribimos esta comunicación, es un honor dirigirnos a Usted, en la oportunidad de informarle la grave situación que nos afecta. Es el hecho que la sentencia N° 1632/11.08.2006 del Tribunal Supremo de Justicia, ratificada en sentencia N° 1752/13.08.2007 no ha sido ejecutada y esto, a pesar de que en la decisión N° 00-1362 del 26 de junio de 2012 del mismo tribunal, se ordena inmediata y eficaz ejecución de las sentencias referidas.
De esta decisión N° 00-1362, de la cual anexamos copia de las conclusiones, destacamos lo siguiente:
“SEGUNDO: SE ORDENA la notificación a la Defensoría del Pueblo para que ejerza, en forma activa y eficaz, su deber constitucional de protección a los intereses colectivos de la población de los sectores La Punta y Mata Redonda del Municipio Girardot del Estado Aragua y sirva de órgano canalizador de la protección a los derechos e intereses de los afectados hasta la total ejecución de la sentencia en este juicio.
DÉCIMO SEXTO: SE EXHORTA a las partes involucradas con el cumplimiento definitivo de la sentencia que se dictó en este proceso a que, sin que se dejen de observar las formas procesales propias de toda ejecución, sigan actuando con la mayor diligencia y celeridad y, sobre todo, con la mayor disposición hacia la consecución de la definitiva materialización de la sentencia y el definitivo restablecimiento de la situación jurídica de todos los lesionados en este proceso”.
Han transcurrido 18 meses desde esta última orden de ejecución inmediata por parte del TSJ y no tenemos conocimiento de ninguna acción por parte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para su ejecución. Las circunstancias que generaron la concesión del Amparo Constitucional no solo están vigentes, sino que se han agravado, nuestro nivel de vida se ha deteriorado significativamente y hasta nuestra propia integridad física y la de los familiares que viven con nosotros se encuentra en riesgo.
Los propietarios que desalojaron los urbanismos y cuyas viviendas fueron demolidas aceptaron inmuebles ofrecidos por la Gobernación de Aragua, los cuales son muy inferiores a nuestras viviendas en cuanto a dimensiones y acabado. Además, hasta este momento no les han entregado los correspondientes títulos de propiedad.
Esto no se corresponde con lo establecido en la sentencia del TSJ, que en forma clara y firme ordena al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente la indemnización a los propietarios; ya sea con la entrega de una vivienda equivalente o con el pago que permita el definitivo restablecimiento de la situación jurídica de todos los lesionados.
Por esta razón, los propietarios que aun permanecemos en el sector, exigimos el cumplimiento de esta sentencia que fue publicada en el año 2006, ratificada en el año 2007 y hoy en el inicio del año 2014 continuamos esperando por su ejecución.
Por otra parte, denunciamos la mala calidad de los actuales servicios, específicamente la irregularidad en el suministro de electricidad y agua potable, la falta de aseo urbano, el desbordamiento de cloacas en algunos puntos y sobre todo, la inseguridad; fue cerrada la Comisaría de Policía y la falta de vigilancia permite el bote de basura y escombros por parte de personas ajenas a nuestra comunidad, así como el robo, la agresión a los vecinos y daños a las instalaciones para los servicios públicos de electricidad y telefonía.
Por último, se debe considerar que esto se convierte en un precedente funesto para todos los ciudadanos que en un futuro se encuentren en una situación similar, ya que se cumplieron los procedimientos ante una situación grave de omisión del Estado, el TSJ se pronunció a favor de los propietarios, pero el ente demandado no cumple con la sentencia.
Agradeciendo su atención, nos despedimos de Usted.
Propietarios de las urbanizaciones La Punta y Mata Redonda
AROP
Ex-Legislador Ing.Germán Benedetti-EDICIÓN IMPRESA
Quienes se resistieron a dejar de protestar fueron avasallados por el tumulto de policías.(Foto Daniel Pérez)Luis Alejandro Borrero
lborrero@el-carabobeno.comIncapacidad que genera represión, el gobierno de Aragua sigue sin dignificar a los refugiados del Cuartel Páez, luego que se prometiera que para 2013 no quedaría ni uno viviendo en condiciones infrahumanas. En lugar de techo propio, este jueves obtuvieron lo peor de un gobierno: violencia desmesurada.
Al enterarse de que habría una entrega de apartamentos, los refugiados se movilizaron. Viajaron 10 kilómetros al sur desde su refugio, en el centro de Maracay hasta la Ciudad Socialista El Libertador. Su objetivo era exigir inclusión en la adjudicación. Desde las 9:00 am se concentraron pacíficamente en el urbanismo. Se acercaba el acto de entrega. Llegaban camionetas último modelo con funcionarios a finiquitar detalles logísticos. Se tornaba incómoda la presencia de los refugiados, quienes utilizaron pancartas, sus voces y la gallardía para hacerse escuchar: “¡Queremos solución!”.
Al mediodía se caldeó la paciencia oficial. “Se dio la orden de que nos quitaran”, expresó Anyuli Mora. Comenzó entonces la agresión de funcionarios contra manifestantes. Quienes pudieron correr lo hicieron. A los demás, todo el peso del gobierno.
Mujeres fueron sometidas. Las tumbaron al piso para inmovilizarlas. Empujones, patadas y gritos desataron conmoción. Los policías montaron en patrullas a varios refugiados, mientras sus compañeros de protesta luchaban para que no se los llevaran.
Dos detonaciones paralizaron el ambiente por centésimas de segundo. El humo blanco emergió, pues se habían lanzado bombas lacrimógenas para disolver a los refugiados. Mujeres eran golpeadas sin contemplacion.
No terminó el acoso con minimizar la protesta. Los policías peinaron el urbanismo para encontrar a quienes lograron correr a tiempo. Una joven convulsionó por el gas y tuvo que ser evacuada. Indignados, los refugiados relataron que niños fueron los más afectados por la acción policial.
Una niña de once años fue pateada en el estómago. Abrazó la pierna de un policía antimotín para evitar que se llevaran a su padre, según su madre Flor Gámez. “Esto es una desgracia, señor gobernador El Aissami”.
Cristina Vaamonde Leáñez
Directora fundadora | AC Una Montaña de Gente UMDG
Miembro del Comité de Áreas Naturales Protegidas | Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales SVCN
Promotora del Sistema de Parques Nacionales de Venezuela
Directora fundadora del Observatorio Ambiental Venezolano OAV
Presidenta de la Federación Ambientalista Internacional | Sede Caracas - Vzla
Consejera Editorial de Ciencia y Ambiente | EL NACIONAL
Asesora de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgos de la Cruz Roja Venezolana
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