Lunes, 28 de febrero de 2011 • CARACAS/VENEZUELA
Regiones 25 Feb 2011 | 12:39 pm - Por Fabiola Zerpa / fzerpa@el-nacional.com
La fiebre del oro arrasa la selva
Una red entretejida por mineros, militares, políticos y civiles alimenta la extracción ilegal de oro y causa graves daños ambientales en el estado Bolívar. Nota: Este trabajo fue publicado en el cuerpo Siete Días el domingo 16 de mayo de 2010, y obtuvo anoche el 3º lugar en el II concurso nacional de reportajes de investigación periodística del Ipys
Una red entretejida por mineros, militares, políticos y civiles alimenta la extracción ilegal de oro y causa graves daños ambientales en el estado Bolívar. Nota: Este trabajo fue publicado en el cuerpo Siete Días el domingo 16 de mayo de 2010, y obtuvo anoche el 3º lugar en el II concurso nacional de reportajes de investigación periodística del Ipys
La extracción ilegal de oro destruye la selva del estado Bolívar | Raúl Romero / El Nacional
"Aunque nacimos sobre oro y diamantes, no podemos mandar a nuestros hijos a las universidades". Julio Abreu suelta la frase mirando fijamente el río Caura. Está sentado bajo una churuata que sirve de merendero a los pescadores y visitantes del puerto de Maripa, en el estado Bolívar, adonde llegó en 1999 proveniente de la Gran Sabana.
Hasta hace tres semanas, el lugar también era la puerta de entrada y salida de los mineros que querían probar fortuna en el Alto Caura. Un plan militar de desalojo de la minería ilegal ha frenado, por los momentos, el tránsito de personas, víveres y combustible de contrabando que distinguían al amplio terraplén.
Abreu es pemón del sur de Bolívar. Ha sido minero, comerciante y agricultor. A los 54 años de edad se lamenta de que "la bulla" el nombre que recibe la inmigración súbita a una mina recién descubierta haya sido acallada por los militares. "¿Cómo hago ahora si no puedo ir a la mina? Al principio, vivíamos tranquilos, porque la naturaleza era nuestro mundo. Con la llegada de la civilización, su educación y servicios de salud, nos vimos en la necesidad de trabajar en la minería".
Abreu es una de las 15.000 personas que viven alrededor de una economía basada en la minería ilegal en la última cuenca hidrográfica virgen del país. Su valor radica en que en su territorio 5% del país se encuentra 17% de la flora nacional y 32% de las especies animales registradas.
"Hasta hace poco la cuenca del río Caura era considerada como una de las pocas del mundo con una superficie tan extensa (4.587.000 hectáreas) que aún estaba en condiciones relativamente prístinas", dice Luis Jiménez, biólogo director de Phynatura, una organización no gubernamental que realiza estudios en el Caura.
La cualidad se ha ido perdiendo, dice, debido a la reciente intervención minera ilegal en las márgenes del río, así como en las cabeceras del Yuruaní, un afluente del Caura.
"Con la finalidad de extraer oro aluvional, talan y deforestan el bosque en dimensiones mayores a 3 hectáreas por cada corte. Utilizan motobombas que cortan la tierra a presión y lavan completamente los suelos", explica Jiménez. Es un daño que contribuye al calentamiento global y al cambio del régimen de precipitaciones que sustentan la represa del Guri, donde se genera casi 70% de la electricidad del país.
Además, los trabajadores utilizan mercurio para separar el oro del material arenoso que viene con la extracción.
El metal llamado azogue por los mineros y los combustibles de las curiaras también contaminan las aguas del río.
Todo esto ocurre a pesar de que la zona cuenta con cinco figuras legales de protección ambiental, la primera de ellas declarada en 1968 y la última en 1991.
Infeliz coincidencia
Hasta hace tres semanas, el lugar también era la puerta de entrada y salida de los mineros que querían probar fortuna en el Alto Caura. Un plan militar de desalojo de la minería ilegal ha frenado, por los momentos, el tránsito de personas, víveres y combustible de contrabando que distinguían al amplio terraplén.
Abreu es pemón del sur de Bolívar. Ha sido minero, comerciante y agricultor. A los 54 años de edad se lamenta de que "la bulla" el nombre que recibe la inmigración súbita a una mina recién descubierta haya sido acallada por los militares. "¿Cómo hago ahora si no puedo ir a la mina? Al principio, vivíamos tranquilos, porque la naturaleza era nuestro mundo. Con la llegada de la civilización, su educación y servicios de salud, nos vimos en la necesidad de trabajar en la minería".
Abreu es una de las 15.000 personas que viven alrededor de una economía basada en la minería ilegal en la última cuenca hidrográfica virgen del país. Su valor radica en que en su territorio 5% del país se encuentra 17% de la flora nacional y 32% de las especies animales registradas.
"Hasta hace poco la cuenca del río Caura era considerada como una de las pocas del mundo con una superficie tan extensa (4.587.000 hectáreas) que aún estaba en condiciones relativamente prístinas", dice Luis Jiménez, biólogo director de Phynatura, una organización no gubernamental que realiza estudios en el Caura.
La cualidad se ha ido perdiendo, dice, debido a la reciente intervención minera ilegal en las márgenes del río, así como en las cabeceras del Yuruaní, un afluente del Caura.
"Con la finalidad de extraer oro aluvional, talan y deforestan el bosque en dimensiones mayores a 3 hectáreas por cada corte. Utilizan motobombas que cortan la tierra a presión y lavan completamente los suelos", explica Jiménez. Es un daño que contribuye al calentamiento global y al cambio del régimen de precipitaciones que sustentan la represa del Guri, donde se genera casi 70% de la electricidad del país.
Además, los trabajadores utilizan mercurio para separar el oro del material arenoso que viene con la extracción.
El metal llamado azogue por los mineros y los combustibles de las curiaras también contaminan las aguas del río.
Todo esto ocurre a pesar de que la zona cuenta con cinco figuras legales de protección ambiental, la primera de ellas declarada en 1968 y la última en 1991.
Infeliz coincidencia
Especia- listas del Caura y habitantes de Maripa, el pueblo más grande cercano al río, coinciden en que "la bulla" en la zona se inició en 2006, cuando un grupo de indígenas ye’kwana regó la voz de que había oro cochano en el río Yuruaní.
Antes de eso la minería era actividad complementaria de los campesinos de la zona durante el invierno, señala Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela, quien ha llevado la voz cantante en muchas denuncias ambientales.
"Iban un mes a buscar oro y regresaban a sus labores".
Los indígenas ye’kwana y sanema también "lavaban arena", indica Jiménez. "Pero lo hacían como quien recurre a una caja de ahorros: en casos extremos. Por ejemplo, cuando necesitaban comprar un motor para una curiara".
"Era muy fácil. En un ratico podía recogerse medio kilo de oro porque el río todavía botaba oro cochano", dice un ye’kwana que pidió mantener su nombre en reserva. La forma sinuosa de los caños del Caura permite la formación de remolinos de agua. Los lugareños sólo tenían que hacer pozos en las márgenes del río y esperar un rato, para después pescar en el fondo el metal precioso.
Pronto irrumpió la codicia entre los indígenas más transculturizados, afirma Jiménez.
Muchos pensaron que sería un fenómeno localizado, como Nalúa Silva, antropóloga de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, pero dos hechos registrados en el mismo año complicaron la situación.
"La bulla" coincidió con el desalojo de mineros de La Paragua en 2006. "Era previsible que hubiera un movimiento poblacional hacia el Caura, y así lo alertamos al Ministerio del Ambiente". Pero no hubo correctivos y lo que nunca había ocurrido, sucedió. "Los mineros que habían sido evacuados del Caroní y La Paragua se mudaron al Caura. Llegaron entre 3.000 y 4.000 personas", cuenta Silva.
Ese mismo año, a esta situación se sumó la llegada de guyaneses y brasileños. La actividad de estos últimos fue ilegalizada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien entregó títulos de propiedad colectiva a los indígenas de una zona del Roraima, departamento fronterizo con el estado Bolívar.
Otro elemento que fomentó "la bulla" fue el precio del oro, que subía aceleradamente. Entre 2005 y 2010 aumentó de 444 dólares a 1.249 dólares la onza
."Aquí llegué a hacer 60 `gramas’ (gramos) en un mes", expresa Jonny García, de 29 años de edad, en el muelle de Maripa. "Fueron como 12.000 bolívares, pero se me fueron rápido".
"Todo esto confluyó y se produjo una invasión masiva al Caura", agrega Silva. No hay datos oficiales, pero Carlos Villegas, médico del ambulatorio de Maripa, calcula que cerca de 5.000 mineros estaban en la zona antes del actual desalojo.
En 2008, después de que las vetas que se encontraban en las márgenes del río habían sido explotadas, los mineros se adentraron en el bosque.
"Cuando limpiaron todos los pozos, metieron máquinas", recuerda un lugareño del Alto Caura, que no quiso identificarse. Los "cortes" o espacios de trabajo de la mina alcanzan los 1.000 metros cuadrados de extensión y hasta 3 metros de profundidad. No son tan extensos como al oeste y sur de Bolívar, "pero podrían llegar a serlo si no paramos la situación", alerta Silva.
El Caura no daba diamantes, como sí la cuenca del Caroní y la zona del río Cuchivero.
"Quien encuentra uno, se lo lleva y más nunca regresa a la mina, porque valen muchísimo", indicó Luis Gómez, vecino de Maripa, quien ha trabajado en varias minas del estado.
Red de corrupción
En los pueblos cercanos al Caura, los vecinos, que prefieren no identificarse por miedo a las amenazas, aseguran que algunos militares apostados en la zona adscritos a el Teatro de Operaciones Nº 5 les quitaban 50 gramos de oro semanales a cada "compañía", nombre que recibe el grupo de cinco personas dueñas de los motores e implementos que operan en una mina. "Al que no pagaba, lo sacaban".
Se escuchan apellidos y apodos de supuestos militares como los actores de una red de extorsión que se desenvuelve sin cortapisas entre El Playón (puesto de vigilancia del TO5 al margen del Caura), Caicara del Orinoco y Ciudad Bolívar.
La memoria es clave para los militares transgresores, que tienen un lema para "las vacunas": "Si no te olvidas de mí, yo me olvido de ti". Otra consigna común es "todo lo que flota paga". Quien la acata puede movilizar dragas, combustible, motores, mangueras, víveres, herramientas y balsas a lo largo de los ríos Caura y Yuruaní sin mayor dificultad.
También hay señalamientos contra políticos locales, militares retirados y empresarios que alimentan la economía de la extracción ilegal a través de la compra de negocios de víveres, talleres mecánicos o ferreterías que dan servicio a los dueños de los campamentos mineros.
Muchos compran oro a los mineros (a 200 bolívares el gramo) y lo revenden en Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz (hasta en 260 bolívares el gramo).
Otra fuente de corrupción es el tráfico de combustible (diesel y gasolina), que está regulado por ser el estado Bolívar una zona fronteriza. Sólo pueden comprar quienes tienen un permiso gubernamental que establece un cupo.
Muchas pequeñas empresas agropecuarias o comerciales y cooperativas como las Zamoranas venden su cupo (que varía entre 10.000 y 30.000 litros al mes) a las "compañías" mineras o a individuos que trafican hacia las minas. Un tambor de gasolina de 200 litros, que cuesta 30 bolívares en la estación de servicio, lo venden entre 250 y 1.000 bolívares. Algunos pescadores artesanales, como Ramón Mejía, compran un tambor cada 3 días a 300 bolívares. "Este es el problema más grave para nosotros. Si no pagamos ese precio, no podemos trabajar", dice. Y solicitar un cupo, agrega, es muy engorroso. Una parada en alguna estación de servicio cercana al Caura permite observar a militares custodiando el llenado de tambores de gasolina y transportándolos en vehículos no oficiales.
Selva asediada
A casi 400 kilómetros al sureste del Alto Caura, cerca del río Icabarú y de la frontera con Brasil, se encuentra el campamento minero de Fariñeros. O lo que queda de él. Hace dos semanas el Ejército destruyó las casuchas de madera en las que habitaban cerca de 1.500 personas, entre ellas familias con infantes y recién nacidos. Para los ecologistas y científicos expertos en la Amazonia, Fariñeros es un espejo de lo que pudiera ocurrir en el Caura si la minería no se detiene a tiempo.
La devastación se extiende a través de 9 hectáreas. La mina, ya abandonada, tiene una profundidad de al menos 30 metros. Los accidentes son usuales, así como las muertes por paludismo y leishmaniasis.
"Por allá atrás hay un cementerio", indicó Rogelio Sucre, indígena pemón de 25 años de edad, que vive cerca del lugar y lamenta la salida de los mineros: "Podíamos comprarles de todo". Fueron desalojados por los militares y sus implementos de trabajo retenidos y destruidos, como lo ordena la Ley Penal del Ambiente.
A media hora en helicóptero está la comunidad de indígenas pemones de Parkupí. Cerca de 150 mineros desplazados de las minas se hallaban varados a la espera de transporte, pues el plan militar no preveía evacuación. Eduardo Monteiro, de 30 años de edad, tiene paludismo, algo que para él no es nuevo. Ha padecido la enfermedad 22 veces. Tenía 3 días esperando por una curiara para trasladarse a Santa Elena: "No quieren pasar porque le temen a los militares".
"Volví a la mina porque la necesidad llama", afirmó. Tiene dos hijos de 8 y 5 años de edad y es técnico medio en zootecnia. Trabajó en Trujillo como piscicultor y en el Ministerio Indígena en Santa Elena.
También fue integrante de un consejo comunal. "Ahora no sé qué voy a hacer. Hay mucha política y poca ejecución".
Moraes Dos Santos, de 39 años de edad y oriundo de Marañón (Brasil) pidió que lo devolvieran a su país. No tenía documentos de identificación y tenía miedo del operativo. "En Brasil nos prohibieron las minas. Por eso vine para acá". Tenía un año trabajando en Bolívar. "Aquí no estamos construyendo patrimonio. Sólo lográbamos lo justo para sobrevivir".
Las mujeres también defendieron el trabajo en la mina.
Unas cocinaban, otras lavaban, algunas excavaban. También había trabajadoras sexuales. Julia González, oriunda de Cali, de nacionalidad venezolana y de 44 años de edad, abogó por sus compañeros. "Mi familia son los mineros. Nunca me han dejado morir. La vida aquí es dura. Se dice que hacemos mucho dinero, pero no.
Deberían ver cómo es de duro trabajar en un corte. Sabemos que lo que hacemos con el ambiente es ilegal. Pero no somos delincuentes", dijo.
Los soldados que participaron en la operación de desalojo no opinaban lo mismo: "No tienen conciencia del ambiente. Son unos depredadores y se gastan el dinero en alcohol y sexo".
Los pequeños mineros son los únicos con rostro, nombre y apellido. Los financistas, que montaron y dirigieron el campamento, así como quienes permitieron el ecocidio desde la institucionalidad, brillan como el oro en Guayana. Pero por su ausencia.
Alerta sanitaria
El estado Bolívar encabeza la lista de las regiones del país con epidemia de paludismo.
La enfermedad que Arnoldo Gabaldón erradicó a través de una campaña nacional de educación y fumigación durante los años cuarenta y cincuenta, aumenta de manera exponencial en la zona, entre otros aspectos por la movilización de la población a las minas.
Hasta el 3 de abril se habían registrado 12.717 casos en el país, 92% de ellos en Bolívar.
La situación coloca al estado en una situación de alerta, señala Ricardo Alcalá, contralor de salud regional. Carlos Villegas, médico del ambulatorio de Maripa, atiende a 10.000 habitantes de la zona del Caura. "Con los mineros calculamos que la población llegó a 15.000.
Aquí llegan los trabajadores de la minería con leishmaniasis que no se han curado.
También deshidratados y con paludismo", describe.
Al otro extremo del estado, Pedro Clauteaux, médico destacado en Parkupí, en la frontera con Brasil, refiere la misma situación. Tuvo que atender a los mineros enfermos desalojados del campamento Fariñeros.
"En un día diagnostiqué 16 casos de paludismo, entre ellos un bebé de 5 meses y un niño de 5 años de edad. Hay individuos que les ha dado más de 20 veces y vuelven a la mina". Reclama que en estas comunidades indígenas no hay medicamentos suficientes ni médicos itinerantes. La epidemia ha llegado a tal punto que se ha encontrado que la población ha desarrollado resistencia a los medicamentos tradicionales. Desde el año pasado el Ministerio de Salud entró en vigor un nuevo tratamiento.
La enfermedad que Arnoldo Gabaldón erradicó a través de una campaña nacional de educación y fumigación durante los años cuarenta y cincuenta, aumenta de manera exponencial en la zona, entre otros aspectos por la movilización de la población a las minas.
Hasta el 3 de abril se habían registrado 12.717 casos en el país, 92% de ellos en Bolívar.
La situación coloca al estado en una situación de alerta, señala Ricardo Alcalá, contralor de salud regional. Carlos Villegas, médico del ambulatorio de Maripa, atiende a 10.000 habitantes de la zona del Caura. "Con los mineros calculamos que la población llegó a 15.000.
Aquí llegan los trabajadores de la minería con leishmaniasis que no se han curado.
También deshidratados y con paludismo", describe.
Al otro extremo del estado, Pedro Clauteaux, médico destacado en Parkupí, en la frontera con Brasil, refiere la misma situación. Tuvo que atender a los mineros enfermos desalojados del campamento Fariñeros.
"En un día diagnostiqué 16 casos de paludismo, entre ellos un bebé de 5 meses y un niño de 5 años de edad. Hay individuos que les ha dado más de 20 veces y vuelven a la mina". Reclama que en estas comunidades indígenas no hay medicamentos suficientes ni médicos itinerantes. La epidemia ha llegado a tal punto que se ha encontrado que la población ha desarrollado resistencia a los medicamentos tradicionales. Desde el año pasado el Ministerio de Salud entró en vigor un nuevo tratamiento.
Fuente:
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/187583/Regiones/La-fiebre-del-oro-arrasa-la-selva
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