19 febrero 2011
Valencia, febrero 18 (REDACTA).- La principal debilidad de la Ley Penal del Ambiente venezolana es que no existe un aparato o una infraestructura jurídica para aplicarla. "De lo contrario hubiese sido un éxito", opinó Ileana García, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Industriales del estado Carabobo (CIEC).
García disertó en torno a las leyes Orgánica (2006) y Penal (1992) del Ambiente vigentes en el país, así como sobre el proyecto de ley que espera sanción en la Asamblea Nacional. Este y el de la gestión integral de desechos sólidos fueron los temas abordados en un foro que tuvo lugar este viernes en la mañana en las instalaciones de la CIEC, con la asistencia de un nutrido grupo de representantes empresariales de la entidad.
Sobre la reforma en curso al instrumento de 1992, la experta comentó que la imposición de sanciones penales priva sobre la conservación del ambiente, según se infiere de la exposición de motivos aprobada junto con el proyecto de ley el 23 de julio del año pasado. La consulta pública también vio visto bueno el 19 de noviembre. Son 117 artículos divididos en cuatro títulos.
De la Ley Orgánica del Ambiente, García rescató la noción de "gestión ambiental" que plantea, a través de seis lineamientos que la atraviesan: los primeros son la corresponsabilidad, que también incluye a la persona natural; una limitación a los derechos individuales; y el principio de precaución, o el hecho de que la falta de certeza científica no es suficiente para no adoptar medidas preventivas contra el uso de ciertos productos enemigos de la salud y el ambiente.
Los tres restantes son el establecimiento de responsabilidad en los daños ambientales; una tutela efectiva ante la administración y los tribunales de justicia por cualquier presunción de delito ambiental; y que los daños ambientales son considerados como agravios al patrimonio público.
La especialista también recordó al auditorio que el tema medioambiental no sólo es sinónimo de Ministerio del Ambiente, sino que hay más organismos con competencia en la materia.
Cambio con los desechos
Armando Hernández, gerente corporativo de Asuntos Ambientales de Empresas Polar, alertó sobre las implicaciones de la nueva Ley de Gestión Integral de la Basura, dentro de la cadena de valor de los procesos y productos que genera cada empresa en materia de residuos y desechos sólidos no peligrosos.
El instrumento fue publicado en Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 2010 y entrará en vigencia el 31 de marzo próximo. Limitar la generación de residuos y desechos es el principio marco. "Como intención es novedoso y bueno. El qué no está en discusión. Lo aplaudimos. El cómo es lo que hay que aclarar".
Además de compartir recomendaciones con el auditorio, el ponente consideró que hay un retroceso desde el punto de vista conceptual de la ley, ya que por tratar de simplificar su nombre, fue traducido bajo el término "basura" todo lo que en realidad no califica como tal dentro del articulado, como los residuos reutilizables, retornables, reciclables y aprovechables.
"En el término basura, como concepto y título de la ley, están englobando todo. Eso nos pareció un retroceso con respecto a la ley de 2004, que se titulaba de Gestión Integral de Desechos y Residuos No Peligrosos", observó Hernández.
Innovaciones
El también miembro de Conindustria, que analizó la ley bajo la óptica del sector privado, también habló de artículos como el 52, 56 y 80.6, que regularán la generación, distribución y venta de envases relacionados con productos masivos. El texto legal introduce conceptos innovadores, obliga a programas de retorno y pretende eliminar los vertederos a cielo abierto en todos los municipios. Todo debería ir a relleno sanitario.
"No queda claro en la ley cómo se va a aplicar esto. Impactaría no solamente al sector privado como generador de residuos y desechos, sino al municipio que en 180 días debe dar respuesta a que un vertedero no siga funcionando", inquietó a Hernández.
Sobre las nuevas leyes y deberes, el especialista ambiental recomienda en tono metafórico que cada empresa "saque su propia fotografía", para determinar cómo adecuarse a su cumplimiento. Ileana García expuso sobre las leyes ambientales vigentes y propuestas.
No hay infraestructura jurídica para aplicar la Ley Penal del Ambiente
Daniel PabónValencia, febrero 18 (REDACTA).- La principal debilidad de la Ley Penal del Ambiente venezolana es que no existe un aparato o una infraestructura jurídica para aplicarla. "De lo contrario hubiese sido un éxito", opinó Ileana García, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Industriales del estado Carabobo (CIEC).
García disertó en torno a las leyes Orgánica (2006) y Penal (1992) del Ambiente vigentes en el país, así como sobre el proyecto de ley que espera sanción en la Asamblea Nacional. Este y el de la gestión integral de desechos sólidos fueron los temas abordados en un foro que tuvo lugar este viernes en la mañana en las instalaciones de la CIEC, con la asistencia de un nutrido grupo de representantes empresariales de la entidad.
Sobre la reforma en curso al instrumento de 1992, la experta comentó que la imposición de sanciones penales priva sobre la conservación del ambiente, según se infiere de la exposición de motivos aprobada junto con el proyecto de ley el 23 de julio del año pasado. La consulta pública también vio visto bueno el 19 de noviembre. Son 117 artículos divididos en cuatro títulos.
De la Ley Orgánica del Ambiente, García rescató la noción de "gestión ambiental" que plantea, a través de seis lineamientos que la atraviesan: los primeros son la corresponsabilidad, que también incluye a la persona natural; una limitación a los derechos individuales; y el principio de precaución, o el hecho de que la falta de certeza científica no es suficiente para no adoptar medidas preventivas contra el uso de ciertos productos enemigos de la salud y el ambiente.
Los tres restantes son el establecimiento de responsabilidad en los daños ambientales; una tutela efectiva ante la administración y los tribunales de justicia por cualquier presunción de delito ambiental; y que los daños ambientales son considerados como agravios al patrimonio público.
La especialista también recordó al auditorio que el tema medioambiental no sólo es sinónimo de Ministerio del Ambiente, sino que hay más organismos con competencia en la materia.
Cambio con los desechos
Armando Hernández, gerente corporativo de Asuntos Ambientales de Empresas Polar, alertó sobre las implicaciones de la nueva Ley de Gestión Integral de la Basura, dentro de la cadena de valor de los procesos y productos que genera cada empresa en materia de residuos y desechos sólidos no peligrosos.
El instrumento fue publicado en Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 2010 y entrará en vigencia el 31 de marzo próximo. Limitar la generación de residuos y desechos es el principio marco. "Como intención es novedoso y bueno. El qué no está en discusión. Lo aplaudimos. El cómo es lo que hay que aclarar".
Además de compartir recomendaciones con el auditorio, el ponente consideró que hay un retroceso desde el punto de vista conceptual de la ley, ya que por tratar de simplificar su nombre, fue traducido bajo el término "basura" todo lo que en realidad no califica como tal dentro del articulado, como los residuos reutilizables, retornables, reciclables y aprovechables.
"En el término basura, como concepto y título de la ley, están englobando todo. Eso nos pareció un retroceso con respecto a la ley de 2004, que se titulaba de Gestión Integral de Desechos y Residuos No Peligrosos", observó Hernández.
Innovaciones
El también miembro de Conindustria, que analizó la ley bajo la óptica del sector privado, también habló de artículos como el 52, 56 y 80.6, que regularán la generación, distribución y venta de envases relacionados con productos masivos. El texto legal introduce conceptos innovadores, obliga a programas de retorno y pretende eliminar los vertederos a cielo abierto en todos los municipios. Todo debería ir a relleno sanitario.
"No queda claro en la ley cómo se va a aplicar esto. Impactaría no solamente al sector privado como generador de residuos y desechos, sino al municipio que en 180 días debe dar respuesta a que un vertedero no siga funcionando", inquietó a Hernández.
Sobre las nuevas leyes y deberes, el especialista ambiental recomienda en tono metafórico que cada empresa "saque su propia fotografía", para determinar cómo adecuarse a su cumplimiento. Ileana García expuso sobre las leyes ambientales vigentes y propuestas.
FUENTE:
http://www.el-carabobeno.com/impreso/articulo/t190211-b05/legislacin-sobre-basura-limitar-la-generacin-de-residuos-y-desechos-desde-abrilno-hay-infraestructura-jurdica-para-aplicar-la-ley-penal-del-ambiente
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