"Parque Nacional El Ávila": Google Noticias

domingo, febrero 26, 2012

Acerca del derrame petrolero en el Río Guarapiche

JESUS MARIA LUGO PEÑA

Derrame de 300 barriles de crudo invade morichales

mori Derrame de 300 barriles de crudo invade morichalesGran parte de la vegetación que rodea los morichales se perdió al quedar el río Tascabaña inundado por crudos petroleros en lo que voceros de esa comunidad Kariña, próxima a Cantaura, en el sur del Estado Anzoátegui, describen como un desastre ambiental.
 El siniestro se detectó en tuberías que transportan crudo de varias locaciones petroleras, hasta los tanques de almacenamiento de Tank-Farm, para el oleducto El Tigre-Puerto La Cruz.
El concejal indígena Benito Machuca, presidente de la cámara municipal de Cantaura, estima que al menos 300 barriles de crudos derramados por la filtración de una tubería están afectando el suministro de agua para 800 vecinos, siembras, ganado y animales domésticos. Los lugareños creen que pudieran ser más de mil barriles.
Pdvsa movilizó  tres camiones del tipo vacuum (con equipos y hombres para la recolección de petróleo), pero hasta el momento no ha emitido ningún comunicado de prensa, ni la gerencia del distrito San Tomé ha dado información sobre el caso a los periodistas locales. La tubería rota, al parecer fue reemplazada.
"A la comunidad indígena de Tascabana, parece que le han caído las siete plagas de Egipto", dijo Miguel Ávila, uno de los residentes del lugar, al hacer referencia a los problemas ambientales que acosan a la población Kariña, cuya principal fuente de abastecimiento natural de agua -el río Tascabaña- está desde hace cuatro años parcialmente afectada por  emanaciones de gas, provenientes de 40 pozos petroleros, desde hace 30 y 40 años inactivos.
Ávila afirmó que por causa del fenómeno de los escapes de gas  las aguas del río son utilizadas para lavar y otras necesidades domésticas, pero  no son aptas para el consumo  humano. Solo en algunas áreas son utilizables para los animales y algunas siembras, con rudimentarios sistemas de riego.
El derrame de crudo que los está afectando desde el pasado miércoles, se produjo en una de las tuberías ha vertido alrededor de mil barriles de crudo al lecho del río afectando aguas, fauna acuática y vegetación en pleno morichal. Esta cifra difiere enormemente de la dada a conocer por el concejal Machuca  en Cantaura. Este estima que se han derramado 300 litros.
Al parecer se basa en fuentes de Pdvsa "Esto comenzó el miércoles por la noche. La emergencia no se atendió a tiempo. Fue este viernes cuando comenzaron a utilizar camiones vacuum  para tratar de recoger esa gran cantidad de petróleo regado, que se ha desplazado a lo largo del río Tascabaña, hasta el río Guanipa, uno de los más importantes del sur de Anzoátegui", dijo Avila.
La comunidad de Tascabaña y otras áreas indigenas cercanas, estaba ayer reunida en asamblea. Hay gran malestar colectivo por el problema.
"Nosotros, como comunidad afectada, que en gran parte nuestro modo de vida depende de este río ahora moribundo, estamos dispuestos a tomar medidas drásticas, como la toma de la carretera nacional El Tigre-Cantaura, sino se aceleran los trabajos de saneamiento del río", dijo Avila.
Pese a que por parte de Pdvsa hasta el momento no hay información sobre  las causas de la rotura de la tubería, uno de los empleados de la empresa que ayer se encontraba en el lugar del derrame, no descartó que esta contingencia sea " producto de un sabotaje", pero aclaró que "serán las investigaciones abiertas por la empresa, lo que determinará las responsabilidades". Pidió omitir su nombre.
Ultimas Noticias

--

Cristina Vaamonde Leáñez

Directora fundadora | AC Una Montaña de Gente UMDG

Miembro del Comité de Áreas Naturales Protegidas | Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales SVCN

Presidenta de la Federación Ambientalista Internacional | Sede Caracas - Vzla

Miembro activo | AC Ciudadanos Verdes

unamontañadegente
+58 414 3149655 | 212 537 7434

"Parque Nacional Médanos de Coro"

Otro delito ambiental casas en el desierto de Falcón

parque_falconEl Ministerio de las Comunas ha intentado construir sin autorización en terrenos protegidos del Parque Nacional Médanos de Coro, según un informe técnico elaborado por personal del Instituto Nacional de Parques en septiembre de 2011. Al caso, denunciado por ambientalistas de Aragua, se suma uno ocurrido en el Parque Nacional Médanos de Coro, en el estado Falcón, cuya alerta fue hecha por personal técnico de Inparques en un informe del 8 de septiembre de 2011, que fue enviado a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional.

El documento, elaborado por el jefe de la División de Parques Nacionales, Francisco Contreras y los funcionarios Ángel Mora y Sulay Arcila, advierte sobre el proyecto de construcción de viviendas en un terreno localizado dentro de esa área protegida. El proyecto, denuncian en el informe, "se esta realizando de manera impositiva por parte del Ministerio de las Comunas, que se está saltando todos los trámites administrativos legales; por consiguiente, no cuenta con la respectiva autorización emitida por el Instituto Nacional de Parques, afectando de esta manera todo el trabajo social que se viene desarrollando en las comunidades que hacen vida en este importante parque nacional".

Denuncian que el área donde se pretende realizar el proyecto urbanístico para tres consejos comunales (que no están situados dentro de los linderos del parque) se encuentra ubicada en la "zona de servicios" que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque (que data de 1995), sólo permite actividades de investigación científica, educación, guardería ambiental, recreación e instalaciones para la prestación de servicios turísticos. Los funcionarios informaron que el director de la región Falcón les dijo que había recibido "una llamada de la alta gerencia de Inparques, en la que le daban instrucciones de no intervenir en los trabajos para la construcción de dichas viviendas por parte del Ministerio de las Comunas".

Advierten que una comisión de la Guardia Nacional también estaba "custodiando los trabajos". En la remoción de terreno fue afectada la vegetación xerófila propia de esa zona desértica. El equipo técnico concluye: "los parques nacionales no son para resolver problemas habitacionales de las comunidades y más aún cuando dentro del Parque Nacional Médanos de Coro existen poblados con los mismos problemas de viviendas a los que durante 37 años, desde que fue decretado el parque nacional, se les ha impedido con basamento legal la construcción".


Otro delito ambiental casas en el desierto de Falcón
El Ministerio de las Comunas ha intentado construir sin autorización en terrenos protegidos del Parque Nacional Médanos de Coro según un informe técnico ...
www.vlinea.com/index.php?option=com...


--

Cristina Vaamonde Leáñez

Directora fundadora | AC Una Montaña de Gente UMDG

Miembro del Comité de Áreas Naturales Protegidas | Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales SVCN

Presidenta de la Federación Ambientalista Internacional | Sede Caracas - Vzla

Miembro activo | AC Ciudadanos Verdes

unamontañadegente
+58 414 3149655 | 212 537 7434

¿Quién protege al Henri Pittier? El Nacional 26/02/2012

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Alejandro Álvarez Iragorry <alvareziragorry@gmail.com>
Fecha: 26 de febrero de 2012 12:56
Asunto: [FOVEA:3728] ¿Quién protege al Henri Pittier? El Nacional 26/02/2012
Para: arared@googlegroups.com, OteoAmbientalVenezuela@yahoogroups.com, fovea@googlegroups.com




¿Quién protege al Henri Pittier?
26-Feb 12:04 pm|Mireya Tabuas
Son sólo 5 funcionarios para las 107.800 hectáreas que tiene el Parque Nacional Henri Pittier, entre los estados Aragua y Carabobo. Apenas 5 hombres y 2 vehículos que la mayoría de las veces están en el taller
Cuando empezó el movimiento de tierra, a principios del mes de octubre de 2011, los guardaparques estaban ocupados despejando los derrumbes de la carretera a Choroní, afectada por las lluvias. Son sólo 5 funcionarios para las 107.800 hectáreas que tiene el Parque Nacional Henri Pittier, entre los estados Aragua y Carabobo. Apenas 5 hombres y 2 vehículos que la mayoría de las veces están en el taller. 

Por eso los trabajadores del Instituto Nacional de Parques no se percataron de los primeros kilos de cemento que fueron colocados detrás de la alcabala de la Guardia Nacional en el sector El Limón, en la entrada de la carretera a Ocumare de la Costa. Además, señalan bajo anonimato, que no podían imaginarse que la propia Guardia Nacional, órgano adscrito a la Guardería Ambiental, que junto con Inparques está encargado del resguardo del área protegida, había permitido el trabajo de una maquinaria que alteró la topografía del paisaje y destruyó la capa vegetal, sin cumplir con la normativa técnica.

El 10 de noviembre, cuando fueron al sitio porque recibieron denuncias por parte de algunos consejos comunales del municipio Mario Briceño Iragorry, ya el mal estaba hecho.

Casi todo. Allí vieron lo que aún se observa a simple vista desde la carretera: el bosque pelado, el suelo alfombrado con losas.

Los guardaparques (con más de 15 años de experiencia en la investigación de delitos ambientales) solicitaron permiso para entrar, hicieron la inspección técnica, fotografiaron y advirtieron que la obra tenía que paralizarse por estar ubicada dentro del parque nacional.Miembros de la Guardia Nacional hicieron caso omiso y alegaron que era un mandato presidencial construir allí 40 casas prefabricadas uruguayas de la Misión Vivienda, para uso de ellos y sus familias, las cuales serían inauguradas por el propio Presidente de la República en diciembre.

Los guardaparques aseguran que están "con el proceso", pero eso no los privó de seguir actuando en el intento de detener la obra pues así lo establece la legislación ambiental: redactaron un informe con todas las pruebas que fue remitido al director general de Inparques, capitán Miguel Matany, en Caracas.

En la sede principal de Inparques hubo silencio (silencio que aún se mantiene: las dos solicitudes de entrevista por escrito y las seis llamadas telefónicas a la oficina de prensa de esa institución no fueron suficientes para recibir una respuesta oficial).

Al técnico del instituto que llevaba el caso por Aragua lo sacaron de la investigación. A las pocas semanas, dos funcionarios de Inparques fueron removidos de su cargo: el coordinador del Parque Nacional Henri Pittier, Guillermo Mendoza (guardia nacional jubilado), y el director de ese organismo en la región, José Luis Pomárico, aunque no se dijo específicamente que esos despidos tuvieran relación con el informe.

La situación preocupó a los guardaparques porque la Guardia Nacional continuaba construyendo y ellos temían que Inparques los botara si insistían en denunciar la irregularidad.

Además había otro problema: los funcionarios de Inparques habían logrado paralizar días antes unas invasiones en el sector de Corozal (vía Choroní), pero los habitantes de esas comunidades ya se habían enterado de la obra de la Guardia Nacional y amenazaron con construir ellos también. "Si lo hacen los militares, nosotros lo haremos", les dijeron.


Acciones de defensa

Desde el momento de su creación como figuras de protección, parques nacionales, monumentos naturales y refugios de fauna silvestre se han visto amenazados por personas que construyen ilegalmente en ellos sus viviendas. Si bien las invasiones son de vieja data, a este mal se une ahora una alarmante novedad: son organizadas y amparadas por entes oficiales.

Sin embargo, el apoyo llegó inmediatamente al Parque Nacional Henri Pittier, que tiene dolientes aguerridos y organizados. Varios grupos ambientalistas (Sociedad Científica Amigos del Parque Henri Pittier, Tragahumos de Palmarito, Brigada Ambientalista Ecológica y de Rescate, Sociedad Ecológica y Conservacionista de Aragua y el Consejo de Educación Ambiental de Aragua) se movilizaron y decidieron tomar medidas legales.

El 21 de noviembre interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República en Maracay, que remitió el caso ante la Fiscalía 4° Nacional con Competencia Ambiental a cargo de Luz Mayela Hernández.
La solicitud de investigación es la número 23.305. No ha habido respuesta sobre este caso, aunque en marzo del año pasado esa misma fiscal actuó aceleradamente acordando medidas de protección del parque debido a los incendios. "Necesitamos que se pronuncie por escrito sobre esto", solicita Rafael Fernández, representante de la Sociedad Científica Amigos del Parque Henri Pittier.
Los ecologistas no se quedaron de brazos cruzados. El 1° de diciembre, el abogado de estas organizaciones, Edwards Castillo, introdujo la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, alegando la violación de los derechos ambientales de los ciudadanos y como un recurso paralelo para que este organismo actuara como ente mediador.

Para ese entonces, los trabajos seguían avanzando. Cuando el caso se descubrió, la Guardia Nacional había construido 8 losas de concreto: llegaron a hacer 14, afectando una hectárea del parque. El 20 de diciembre, los ecologistas y miembros de las comunidades de El Limón y Mataseca protestaron en la carretera, lo que movió a los medios de comunicación social, sobre todo regionales. La fecha tan cercana a la Navidad enfrió un poco el caso.

Límites difusos. El 2 de enero, el teniente coronel Marlon Dulcey, comandante del Destacamento 21 de la Guardia Nacional, dio su versión del caso al periódico El Carabobeño.

Destacó que lo que se estaban construyendo no eran casas sino "soluciones institucionales", viviendas de guarnición que "cumplirán con el propósito de alojar a los funcionarios que se dedicarán al resguardo de los intereses ambientales del parque". Para Castillo no tiene sentido esa respuesta, pues Maracay cuenta con gran cantidad de terreno militar en el que se pueden hacer urbanizaciones.

En sus declaraciones, Dulcey aseguró que el terreno no estaba dentro del parque nacional. Indicó que un estudio hecho por el Instituto Nacional de Tierras le daba la razón. "El INTI, a través del uso de medios tecnológicos como GPS para la ubicación geográfica del terreno y su inserción dentro del plan de ordenamiento urbanístico, determinó que los terrenos se encuentran dentro de la poligonal urbana de Maracay". El ambientalista Rafael Fernández pregunta por qué el militar no ha presentado nunca la documentación que respalda su versión.

Si bien Fernández reconoce la deficiente delimitación de los linderos del parque, afirma que no hay duda de que el terreno afectado está dentro de la zona protegida. El Decreto de Ampliación del Parque Nacional (número 529 del 5 de noviembre de 1974) establece los límites de la zona: "Viene dado por una poligonal materializada por una cerca de estantillos de hierro y alambre de púas, dicha cerca bordea los barrios La Cruz, Maya, El Trigal, Valle Verde, Acuario, El Corral de Piedra hasta encontrar el margen izquierdo de la carretera nacional que conduce a Ocumare de la Costa". Aunque algunas comunidades han movido estas cercas robándole metros al área natural, igual el parque limita con esas casas, por lo tanto el área deforestada por la Guardia Nacional está visiblemente adentro.

El mismo decreto añade que la zona de uso especial (donde está la alcabala de la Guardia Nacional) está delimitada "solamente por el espacio que ocupan actualmente las infraestructuras existentes en concordia con las funciones de dichas instituciones". Es decir, no puede utilizar más terreno que el que tenía originalmente, menos en construcción de casas.

El abogado Edwards Castillo va más allá y denuncia que la institución militar, además de violar el reglamento de uso del parque que data de 1995 (el primero que se creó en el país a partir de una consulta pública), cometió otros ilícitos ambientales por la cercanía que tiene la construcción con la cuenca protectora del río El Limón.

"Se hizo sin estudio de impacto ambiental, se violó la Ley Orgánica de Ambiente, la Ley Orgánica para la Ordenación de Territorios, la Ley de Aguas, la Ley de Bosques y Gestión Forestal, entre otras", expresa el abogado. Para evaluar la vulnerabilidad de esta zona basta recordar el deslave del 6 de septiembre de 1987 que causó la muerte de 160 personas y dejó cientos de damnificados.

Castillo indica que las losas se hallan dentro de los límites de seguridad del río. Fernández añade que éste, además, fue dragado por la constructora de la obra. El artículo 54 de la Ley de Aguas (2007) obliga al mantenimiento de las zonas protectoras de cuerpos de agua que resguardan áreas sensibles. La Ley de Bosques y Gestión Forestal (2008), en su artículo 21, establece que el Estado debe velar por la defensa de los bosques nativos formados por especies forestales autóctonas de una región. "El bosque estaba formado por árboles propios de la zona", asegura Fernández.

La buena noticia. El 13 de febrero de 2012, el Parque Nacional Henri Pittier, el primero de Venezuela, cumplió 75 años de su creación. Cuatro días después, los grupos ambientalistas recibieron como noticia de "cumpleaños" la verdadera causa por la que se habían paralizado las obras a finales de diciembre: la Defensoría del Pueblo sí había avanzado en el caso, según puede verse en el expediente E-D-12-30-81.

El documento muestra que la defensora delegada especial con competencia en ambiente, Yelena Carpio, remitió el caso al coordinador de las Defensorías Delegadas Especiales, Aníbal Ortega. Éste lo dirigió al defensor adjunto de Aragua, José Soto, con un memorandum interno del 30 de diciembre de 2011 que solicita que se investigue el caso y se sancione a los responsables. El mismo documento insta a la paralización definitiva de la construcción y a la recuperación del área afectada. Llama a fijar posición ante los medios condenando esas acciones y reivindicando los derechos ambientales de la población. Destaca que se proceda a una acción de amparo de no obtener respuesta al llamado de paralización definitiva de la obra.

Gracias a esta intervención la construcción se detuvo, sin embargo, falta establecer las responsabilidades y resarcir los daños al ambiente. "Este caso no puede convertirse en un precedente que afecte a todo el sistema de parques", señala Fernández.

Bien lo dice el párrafo final de la solicitud de investigación que hicieron los grupos ambientalistas ante la Defensoría: "En caso de quedar impunes estos hechos y de conocerse públicamente esa situación, será imposible para los nobles guardaparques del país la defensa contra las invasiones, el rancho-tráfico y las construcciones ilegales dentro de los demás parques nacionales".


--
Cristina Vaamonde Leáñez
Directora fundadora | AC Una Montaña de Gente UMDG
Miembro del Comité de Áreas Naturales Protegidas | Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales SVCN
Presidenta de la Federación Ambientalista Internacional | Sede Caracas - Vzla
Miembro activo | AC Ciudadanos Verdes
unamontañadegente
+58 414 3149655 | 212 537 7434